El sector reclama más lucha institucional contra los intermediarios. El Ejecutivo replica que la responsabilidad es autonómica.
Las principales empresas turísticas españolas se han aliado en una ofensiva cuyo objetivo es parar los pies a la proliferación de los alquileres turísticos no reglados, aquellos que no pagan impuestos y no cumplen los requisitos de seguridad, higiene, espacio y demás garantías que sí ofrecen los alojamientos legales. El sector desea poner coto a las plataformas (páginas web como Airbnb, 9flats, Wimdu, Rentalia, Niumba o HomeAway, entre otras) que se lucran ejerciendo de intermediarios. Y para ello lleva tiempo presionando el Gobierno español para que las prohíba, ya que opinan las comunidades autónomas no han hecho sus deberes regulatorios.
La asociación turística Exceltur, a la que pertenecen compañías tan destacadas como NH, Meliá, Iberia, American Express, Hotusa o Globalia, mantiene desde hace meses conversaciones continuas con la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En Exceltur piensan que el Ejecutivo "podría hacer mucho más" para regular el funcionamiento de estos alquileres, que consideran competencia desleal y que amenazan su negocio. La principal patronal de los hoteles españoles, Cehat, estima que entre 2010 y 2013 el número de clientes alojados en estos establecimientos creció un 300%, y calcula que el número de turistas extranjeros que recurren a ellos representan más del 20% del total.
Para avalar su postura, Exceltur ha encargado a la consultora EY (Ernst & Young) que haga un estudio analizando el impacto que los alquileres ilegales están teniendo en el conjunto del sector turístico, no solo en los hoteles. De momento, EY ya ha elaborado un informe sobre las consecuencias que tendrían en Islas Baleares dichos alquileres de aquí a diez años si siguen creciendo a los niveles actuales. Según sus cálculos, el sector hotelero perdería entre 5.000 y 13.000 empleos y un valor agregado bruto de entre 211 millones y 529 millones de euros.
Competencia autonómica
Desde el Gobierno aseguran que el turismo es una competencia autonómica, por lo que la Administración central no puede hacer mucho más allá de intentar homogeneizar lo máximo posible las regulaciones de las comunidades. Además, la proximidad de las elecciones autonómicas y generales puede echar por tierra cualquier intento de reforma.
Hasta la fecha, las comunidades que más se han empeñado en regular los alquileres turísticos son Madrid y Cataluña, aunque la primera recibió el pasado marzo el varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar que la ley madrileña (que solo permite los alquileres siempre y cuando la estancia mínima sea de cinco días) es una barrera a la libre competencia.
Por su parte, la Generalitat catalana exige a las webs intermediarias que cada vivienda ofrecida en alquiler tenga una especie de matrícula identificadora que la acredite como alojamiento con su licencia en regla. El verano pasado, Cataluña impuso una multa de 300.000 euros al portal Airbnb por, supuestamente, no cumplir esa norma.
A nivel internacional, las opciones que toman las ciudades son diversas. Así como, por ejemplo, Nueva York ha declarado la guerra a los alquileres turísticos con equipos coordinados de inspectores de Hacienda, policías y abogados, el ayuntamiento de Amsterdam acaba de aprobar un pacto con Airbnb de forma que esta plataforma coordine la recaudación de la tasa turística aplicable a las actividades de sus usuarios.
La llamada "economía colaborativa" supone un quebradero de cabeza para los legisladores, tanto españoles como del resto de Europa. En España, el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (año 2002) contempla que los intermediarios (como Airbnb, Uber y otros) no sean responsables de la posible ilicitud del contenido que alojan, salvo que tengan conocimiento efectivo del mismo. Por su parte, la Comisión Europea está preparando una directiva que podría flexibilizar las restricciones del mercado europeo y facilitar la actividad de estas plataformas.
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